La educación es un derecho y una libertad fundamental en un doble sentido, pues comprende, por una parte, el derecho a ser educado y, por otra, la libertad para educar y elegir la educación que se desee de conformidad con las propias convicciones morales y religiosas. Por eso, puede decirse que el pluralismo y la libertad escolar constituyen presupuestos fundamentales para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, porque no hay verdadera educación que no lo sea en libertad. De ahí que el pluralismo educativo constituya una de las bases de la democracia y suponga, sin duda alguna, la prohibición absoluta del monopolio educativo por parte del Estado

En el momento actual, acabamos de asistir al inicio de la tramitación de la reforma de la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), con el objeto de derogar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y modificar nuevamente aquella a través de una nueva ley que se conoce como Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Una modificación que ha motivado el grito unánime de «basta» por parte de las organizaciones de la enseñanza concertada.

Se trata de una sopa de siglas que no esconde sino el intento del actual Gobierno de la Nación para reducir la libertad de enseñanza a su más mínima expresión. Y para ello, se pretende eliminar el instrumento fundamental del que nuestro Ordenamiento jurídico se ha dotado para garantizar dicha libertad, la escuela privada-concertada. Es más, se ha llegado a decir que esta escuela es una «anomalía» que hay que superar, eligiéndose la LOMLOE como el instrumento para avanzar en el modelo de una escuela única, pública y laica.

El anteproyecto de ley confirma la voluntad del Gobierno de acabar con la pluralidad de escuelas a través de la eliminación de complementariedad de la red pública y concertada; suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos; implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias; establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro; suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada; imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica (perspectiva e ideología de género, memoria democrática, etc.).

Está en juego algo más que la supervivencia de la escuela concertada. Está en juego uno de los pilares de la sociedad democrática, el pluralismo educativo. Se trata del mayor intento por parte del Estado de tomar para sí la educación de las nuevas generaciones bajo la premisa de una pretendida educación moralmente neutra, y desarrollar así una tarea magisterial y moral a través de su propia escuela. Pero no olvidemos que no hay educación neutra, toda auténtica educación lo es en valores y presupone siempre una determinada concepción del hombre y de la vida («La escuela católica en los umbrales del tercer milenio». Sagrada Congregación para la Educación Católica, 2008).