Tras encargar un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde el año 1998 hasta la derogación del artículo que permitía esta práctica, el Gobierno de España ha explicado esta semana que las inmatriculaciones son «plenamente válidas» y que, por lo tanto, no ve «procedente realizar ninguna acción».
Las interpretaciones de este planteamiento han sido de lo más diversas. Tanto que en algunos medios han llegado a leerse titulares como este: «El Gobierno respalda el expolio de la Mezquita de Córdoba y miles de bienes puestos a nombre de la Iglesia». Pero, ¿qué hay de cierto en esta postura? ¿De verdad la Iglesia expolió miles de bienes?
A continuación, recuperamos un vídeo en el que Isabel de Salas, registradora de la Propiedad, se remonta incluso antes de la polémica ley para explicar por qué la Iglesia no cometió ninguna ilegalidad al inmatricular en 1987 la catedral del Salvador y el templo parroquial de la Magdalena (Zaragoza).
¿Inmatriculaciones polémicas?
[Artículo publicado el 23 de abril de 2017 en la edición impresa de «Iglesia en Aragón»]
Que el pueblo «recupere» el patrimonio artístico de la Iglesia. Ese es el objetivo del Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), que en los últimos días se ha visto respaldado por la iniciativa del gobierno municipal, de Zaragoza en Común, de presentar una demanda judicial para reclamar la titularidad pública de la catedral del Salvador –la Seo– y de la iglesia de la Magdalena. Dos templos de especial importancia para la archidiócesis de Zaragoza que fueron inmatriculados por el arzobispado en los últimos años de la década de 1980. Inmatriculaciones que, según la registradora de la propiedad Isabel de Salas, «se hicieron en estricto cumplimiento de la legalidad».
Quienes persiguen que la Seo y la Magdalena pasen a titularidad pública alegan que fueron inmatriculados cuando la «ley no lo permitía». Sin embargo, hablar de «ley» es engañoso. A lo que se refieren es al Reglamento Hipotecario que, hasta la reforma de 1998, exceptuaba a la Iglesia católica de registrar sus lugares de culto, porque consideraba que su propiedad era notoria e indiscutida.
Lo que podía ser un «privilegio», explica De Salas, se había convertido en una «discriminación» impropia para un estado democrático, fuera de la Constitución de 1978. Ante esta situación, una buena parte de los registradores entendieron que la excepción se había convertido, de hecho, en un precepto inconstitucional. Y por ello aceptaron, antes de la reforma de ese reglamento en 1998, la inmatriculación de catedrales, iglesias y ermitas por parte de las diócesis con la certificación correspondiente.
De hecho, la Dirección General de los Registros y del Notariado (órgano que dirime las controversias registrales), en una resolución de 12 de enero de 2001 argumentó a favor de la inscripción de estos templos aludiendo al escenario previo a 1998. Por ello, la archidiócesis de Zaragoza vive esta polémica con «tranquilidad absoluta» y «argumentos jurídicos contundentes», en palabras del abogado de la institución, Ernesto Gómez.
Dinero público
Otra de las tesis del MHUEL es que las restauraciones de la Seo y la Magdalena han sido financiadas con dinero público. Algo que no debe extrañar, porque viene determinado por el artículo 46 de la Constitución Española. De la lectura de este precepto, se desprende que las administraciones han de garantizar el cuidado de los bienes de interés cultural, aunque su titularidad sea privada, como es el caso de los monumentos cuyo propietario es la Iglesia. ¿En qué consisten estas garantías? La más básica es velar por que el patrimonio se conserve con criterios técnicos y con intervenciones suficientes. Al propietario le corresponde mantenerlo, pero también ha de contar con la colaboración del Estado, ya que estos monumentos redundan en el bien público: hacen de nuestras ciudades destinos turísticos de primer orden y esto supone trabajo, riqueza, promoción cultural.
Una muestra del buen funcionamiento de estos convenios es la tercera fase de restauración del templo de la Magdalena, en la que se está invirtiendo más de un millón ochocientos mil euros: una mitad la pone el Ministerio de Fomento; la otra, el Arzobispado. Y así sucede con muchas iniciativas públicas o privadas: el Plan Nacional de Catedrales o el de Abadías, Monasterios y Conventos; el 1% Cultural; y un largo etcétera.
La lección de la historia
Si Zaragoza fue reconquistada en 1118, ese mismo año el rey Alfonso I, el Batallador, encargó a un monje bearnés llamado Pedro de Librana la reorganización del territorio zaragozano y de la diócesis. Don Pedro fue el primer obispo de Zaragoza tras la reconquista y el que el 12 de octubre de 1121 consagró su nueva catedral, donde antes había estado la mezquita y, anteriormente, un templo visigodo. Desde ese momento, la Seo, dedicada al Salvador en su Epifanía, fue su sede, el lugar de su cátedra, desde donde el obispo ha ejercido y ejerce su misión de santificar, regir y enseñar.
Una misión cuyo ejercicio libre y público reconocen los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Desde entonces la Iglesia, al servicio del pueblo, ha sido propietaria de la Seo y, desde ella, ha sido mecenas de las artes, defensora de los pobres e instructora de los ciudadanos de Zaragoza. No en vano, en el año 1542, en ella y por ella se creó la Universidad de Zaragoza. Hoy quien regenta esta cátedra y el templo en la que se encuentra es el arzobispo Vicente Jiménez Zamora, obispo número cien de esta Iglesia.
