El Consejo Diocesano de Acción Católica de Huesca, que aglutina a HOAC, JOC, Educadores del Junior y Movimiento Rural Cristiano, considera que la regularización de personas migrantes es una respuesta a más de 500.000 personas que forman parte activa de nuestra sociedad. Son mujeres y hombres que trabajan, cuidan, contribuyen y sostienen sectores esenciales de nuestra vida cotidiana pero carecen de los derechos básicos que les permitan una vida digna.
Hace dos años más de seiscientas mil personas, entre ellas muchas altoaragonesas, firmamos la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la plataforma ¡Regularización ya!, y apoyada por más de 900 organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica española. Su tramitación fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, gracias a los votos de PP, PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, BNG y Podemos (todos los grupos menos Vox).
La regularización aprobada recientemente, y cuyo proceso está en marcha desde el 16 de abril, no es sólo una cuestión administrativa o económica, sino profundamente humana y ética. Esta medida contribuye a garantizar derechos fundamentales como la residencia y el trabajo, combatir la economía irregular y la explotación, reforzar la cohesión social y, sobre todo, garantizar que se sientan y sean tratados como personas Responde a una realidad que interpela nuestra conciencia colectiva, nuestros valores como sociedad y al compromiso de nuestra comunidad eclesial con el Evangelio y la construcción de una sociedad más justa.
Por ello, entendemos que la regularización está en coherencia con la fraternidad universal, tal y como nos recuerda la Doctrina Social de la Iglesia que nos invita a ACOGER, PROTEGER, PROMOVER e INTEGRAR a las personas migrantes.
Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones de organizaciones políticas que expresan su rechazo a esta medida y, desde la corrección fraterna, les pedimos que revisen sus posiciones: decir que vienen a vivir de ayudas, que colapsan servicios, que amenazan nuestra identidad o seguridad, que violan a nuestras mujeres… no sólo es falso: es indecente. Como también lo es la “prioridad nacional” que se está imponiendo en algunas comunidades autónomas o devolver a los menores no acompañados a sus países.
En cambio, nos unimos a la declaración de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Conferencia Española de Religiosas (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, que consideran que la aprobación del Real Decreto, que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, es una medida de responsabilidad política, ética y social.
Nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir trabajando por la dignidad de todas las personas.
