Cáritas Aragón presenta el Informe FOESSA 2025, que revela un deterioro profundo en vivienda, salud y empleo, y señala que el “modelo social está agotado”
Aragón vive un proceso “inédito” de exclusión social que avanza a mayor ritmo que en el conjunto de España. Esta es una de las conclusiones centrales del Informe FOESSA Aragón 2025, presentado en Zaragoza por Cáritas Aragón. Según el estudio, al menos 300.000 personas viven hoy en condiciones de exclusión en la Comunidad —140.000 más que en 2018—, lo que supone un incremento de 10,3 puntos porcentuales en seis años.
El presidente de Cáritas Aragón, Carlos Gómez-Bahillo, abrió la presentación recordando que FOESSA constituye “una referencia histórica para comprender la realidad social del país”. A pesar de que, sobre el papel, Aragón atraviesa “una situación boyante, con empleo al alza, salarios crecientes y un contexto económico expansivo”, Gómez advirtió que existe “otra realidad: la que refleja la voz de quienes no tienen voz”.
Un giro preocupante: más exclusión pese al crecimiento económico
Los datos lo confirman. En 2024, la exclusión social alcanza al 22,9% de la población aragonesa, con un 10,8% en exclusión severa y un 12,1% en moderada. Aragón presenta peores cifras que la media estatal en ambos niveles.
El técnico de Estudios Sociales de Cáritas Española y coautor del informe, Pedro Fuentes, lo resumió así: “La exclusión social va mucho más allá de la falta de ingresos. Afecta al empleo, la vivienda, la salud, la participación… Y hoy estamos ante un proceso sin precedentes: a pesar del crecimiento, la desigualdad crece”.
Una de las paradojas señaladas es que el empleo ya no garantiza la inclusión social. Aunque los indicadores laborales han mejorado, el 15% de la población aragonesa sufre exclusión vinculada al empleo —66.000 hogares, unas 200.300 personas— debido a la inestabilidad laboral, la parcialidad involuntaria y el estancamiento de los salarios en términos reales.
Gómez-Bahillo insistió en esta contradicción: “Los salarios no suben al mismo ritmo que los precios. La capacidad adquisitiva decrece”.
FOESSA identifica la vivienda como la dimensión que más explica el empeoramiento: afecta al 31,3% de la población aragonesa, casi el doble que en 2018. Además, el 15% de los hogares queda por debajo del umbral de pobreza severa una vez pagados los gastos de vivienda.
“Acceder a una vivienda se ha convertido en una quimera”, afirmó Fuentes, quien señaló como causas la especulación inmobiliaria, la oferta limitada y un aumento de precios que “ha subido de media un 38%”, afectando especialmente al alquiler y a los hogares más vulnerables.
El técnico insistió en que “la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Aragón” y pidió “superar las medidas paliativas” con políticas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda por encima de su valor de mercado.
Salud, empleo y relaciones sociales: dimensiones que también se deterioran
La salud registra igualmente un retroceso notable: pasa del 7,4% de población afectada al 18,8%. El motivo principal es la falta de recursos para afrontar tratamientos o productos sanitarios. “Muchas personas ya no pueden pagar medicamentos o tratamientos básicos”, subrayó Fuentes, recordando que la situación afecta al 13% de los hogares en Aragón.
A ello se suma la dimensión relacional, cada vez más determinante: aislamiento social, discriminación por origen o nacionalidad y redes de apoyo debilitadas. “Hay que reconocer lo relacional como estratégico”, insistió el equipo de FOESSA.
La exclusión se ceba especialmente con hogares encabezados por personas en búsqueda de empleo (90%), hogares en riesgo de pobreza (78,7%), familias numerosas, personas de origen extranjero, infancia y juventud —donde la exclusión alcanza ya al 33%— y mujeres, que representan seis de cada diez personas excluidas.
Un sistema de garantía de ingresos que no funciona
El informe es contundente: el sistema protector “no protege”. La renta mínima autonómica prácticamente ha desaparecido: Aragón ha pasado de invertir 48 millones de euros en 2020 a menos de 2 millones en 2023, una caída del 96% coincidiendo con la implantación del Ingreso Mínimo Vital. Este, sin embargo, no llega ni al 40% de quienes están en pobreza severa. El 57% de los hogares en pobreza severa afirma no haber recibido información adecuada sobre cómo solicitarlo.
“La desaparición del IAI ha sido desastrosa. Desde que no está, han aumentado las peticiones de ayuda en Cáritas”, advirtió Gómez-Bahillo.
Para FOESSA, la prioridad es clara: reforzar la renta mínima autonómica como complemento al IMV mediante inversión, cobertura, reducción de tiempos de espera e información accesible.
El informe afirma que Aragón —como el resto del país— vive en un modelo social insostenible, que “desgasta a las personas y al planeta”, asentado sobre una “meritocracia ficticia” y que deriva en “una sociedad del miedo y de la desconfianza”.
Pero FOESSA también identifica “semillas de esperanza” en los movimientos sociales, las redes comunitarias y las prácticas cotidianas de solidaridad, que muestran la voluntad de reconstruir un sentido de comunidad.
En sus palabras finales, Gómez-Bahillo subrayó la encrucijada actual: “Podemos seguir por el camino del individualismo y la desigualdad, o podemos elegir un cambio de rumbo valiente basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida”.
