La Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han firmado esta semana un protocolo con el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para articular un sistema de reconocimiento y reparación a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia.
El acuerdo, firmado el pasado 30 de marzo, desarrolla el compromiso adquirido el pasado 8 de enero y supone un paso más en la colaboración entre Iglesia e instituciones públicas para atender a las víctimas, especialmente en aquellos casos que no han podido seguir la vía judicial.
Un sistema con varias vías de reparación
El protocolo establece un modelo que contempla distintas modalidades de reparación. Por un lado, medidas simbólicas o restaurativas —como el reconocimiento institucional, el acompañamiento o la petición de perdón— y, por otro, compensaciones económicas destinadas a reparar el daño causado y los gastos derivados de las secuelas físicas y psicológicas.
Estas compensaciones tendrán en cuenta la gravedad de los hechos, el impacto sufrido por la víctima y otras posibles reparaciones ya recibidas, tanto en el ámbito eclesial como en otros sistemas.
Un procedimiento con evaluación independiente
El nuevo sistema se articulará a través de varias instancias. El Ministerio creará una Unidad de Tramitación encargada de recibir solicitudes, orientar a las víctimas y gestionar el procedimiento.
Por su parte, el Defensor del Pueblo constituirá una Unidad de Víctimas formada por expertos independientes, que evaluará cada caso de manera individualizada y elaborará propuestas tanto sobre el reconocimiento de la condición de víctima como sobre la reparación correspondiente.
La Iglesia participará en el proceso a través de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), que emitirá un informe preceptivo sobre cada caso. En caso de desacuerdo, una comisión mixta estudiará la situación, aunque la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo.
Un marco basado en el compromiso moral
El sistema no se fundamenta en una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y en el acuerdo entre las partes implicadas. Está previsto inicialmente para un año —prorrogable otro más— y se dirige a casos prescritos o en los que el agresor ha fallecido.
Además, el Gobierno ha aceptado que las compensaciones económicas queden exentas de tributación, especialmente en el impuesto sobre la renta.
Continuidad del trabajo iniciado
Este nuevo protocolo se apoya en el trabajo ya realizado por el PRIVA, en funcionamiento desde febrero de 2025, cuya comisión asesora ha atendido hasta ahora más de un centenar de solicitudes.
La entrada en vigor del sistema está prevista para el próximo 15 de abril, una vez concluyan los trabajos técnicos entre la comisión del PRIVA y el equipo del Defensor del Pueblo para concretar los criterios de reparación.
