La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han valorado positivamente el anuncio del inicio de un proceso que permita una regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en España. Las entidades consideran esta medida un acto de justicia social y un reconocimiento a quienes, pese a encontrarse en situación administrativa irregular, contribuyen desde hace años al desarrollo del país con su trabajo.
Este grupo eclesial, que ha acompañado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización, subraya que esta medida es un complemento imprescindible al actual Reglamento de Extranjería, ya que ofrece respuesta a personas que no pueden acogerse a las vías ordinarias previstas en la normativa vigente.
Un complemento necesario al Reglamento de Extranjería
Las entidades reconocen que el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, supone un avance positivo en la garantía de derechos y dignidad de las personas migrantes. No obstante, advierten de que el texto presenta lagunas y ajustes frecuentes, que dejan fuera a colectivos especialmente vulnerables.
Por este motivo, el grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones la incorporación de una disposición transitoria de regularización extraordinaria, como ya se ha hecho en etapas anteriores, para dar respuesta a situaciones que el reglamento no logra cubrir.
Entre las personas que quedarían excluidas del marco actual, las entidades señalan, entre otras, a:
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Personas que no pueden acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentación en contextos de precariedad o emergencia.
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Personas indocumentadas que no logran acceder a la cédula de inscripción por la rigidez de los trámites.
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Personas con especial dificultad de empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.
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Trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no consiguen presentar un contrato previo debido a la lentitud administrativa.
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Solicitantes de protección internacional con resolución denegada, atrapados en largos periodos de irregularidad.
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Familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrían ser regularizadas.
Un proceso respaldado por la sociedad civil
Las entidades eclesiales recuerdan que este camino es fruto de un amplio proceso participativo, que ha concitado el apoyo de más de 900 organizaciones y la recogida de más de 600.000 firmas para la tramitación de la ILP. Desde 2023, las cuatro entidades han mantenido numerosas reuniones con actores políticos y sociales, exponiendo una preocupación compartida: la relación directa entre irregularidad administrativa y exclusión social, constatada diariamente en su labor de acompañamiento.
Asimismo, destacan la amplia aprobación que tuvo la toma en consideración de la iniciativa el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados, como muestra del respaldo social y político a esta demanda.
El 68 % de las personas migrantes en exclusión social
Los datos refuerzan esta preocupación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en España y la situación administrativa irregular provoca que el 68 % se encuentre en exclusión social. Por su parte, los últimos datos de Cáritas indican que en 2024 el 47 % de las personas acompañadas por la institución no tenía regularizada su situación administrativa, lo que equivale a unas 550.000 personas, una cifra que no ha dejado de crecer desde 2019.
Ante este contexto, las entidades eclesiales insisten en que la regularización extraordinaria ha sido reclamada por amplios sectores de la sociedad como una medida de responsabilidad política, ética y social, y consideran que ha llegado el momento de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.
