No, no es una nueva versión de la célebre película británica «Una habitación con vistas» de J. Ivory, de 1985. Es la petición que, regularmente, llega a mi número de WhatsApp por personas que no tienen un lugar donde dormir. Sí, he dicho bien: dormir, porque en una pequeña habitación de un piso de 90 m², es difícil que puedan “vivir” o “habitar” 1 o 2 personas adultas, con algún niño, en muchas ocasiones.
Estos días el tema de la vivienda, está de plena actualidad, tras el mediático desahucio de Mari Carmen Abascal; la Acampada de Sol en Madrid, en la Plaza de España de Zaragoza y en otras muchas ciudades de nuestro país, promovida por el Sindicato de Inquilinas; y la derogación del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se iban a adoptar medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
La crispación, la incertidumbre y el enfado de la ciudadanía, con respecto a la clase política, por su incapacidad de abordar el problema habitacional y de vivienda de miles de personas, que están sufriendo por la incertidumbre de dónde van a poder vivir o si van a poder pagar el alquiler a final de mes; parece estar entrando en colisión con el derecho recogido en la Norma Suprema de nuestro país, la Constitución Española de 1978, donde en su artículo 47, se garantiza el derecho fundamental de la vivienda para todos los ciudadanos.
Me produce una falta de pudor que, en el debate sobre el estado de la vivienda en nuestro país, hayamos normalizado expresiones o decisiones, que son contrarias a lo que se dice en nuestra Constitución. Así, es habitual escuchar expresiones como: “pisos cacahuete”, locales reconvertidos en vivienda, habitaciones “zulo” o “realquiler de habitaciones”. La normalización se traduce en que puede haber un número indeterminado de personas empadronadas en una misma vivienda, con el silencio cómplice de nuestras administraciones; en la aparición de portales inmobiliarios, donde se fomenta el alquiler de habitaciones a precios abusivos; en la proliferación de “un mercado de realquiler de habitaciones” opaco y sin garantías legales, donde la explotación está a la orden del día por medio del cobro de esas rentas, a través de dinero sumergido.
En el “submundo habitacional”, ese que ni siquiera tiene derecho a aparecer en los medios de comunicación, las condiciones de vida de quienes tienen que acceder a él son de lo más denigrantes. Sus demandantes habituales: personas sin hogar, parados de larga duración, familias migrantes en situación de irregularidad administrativa y personas, cuyos vínculos familiares o relacionales, se rompieron y viven en situación de soledad no deseada…
Podemos quedarnos de brazos cruzados o pensar que no es un problema que a mí me esté afectando directamente pero, como creyentes, estamos en la obligación de recordarnos, lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia, en relación al tema de la vivienda, cuando establece directrices morales claras basadas en la justicia, la caridad y la dignidad humana.
La Iglesia defiende que el acceso a una vivienda no es un lujo ni un privilegio, sino un derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona y la familia. El papa Francisco y diversos episcopados insisten frecuentemente en que la vivienda es una «emergencia social» ante la cual los cristianos no pueden ser indiferentes.
Ante diversas posturas, aparecidas entre algunas fuerzas políticas presentes en nuestro Parlamento, hay que recalcar que el derecho legítimo a la propiedad privada está subordinado al principio del destino universal de los bienes.
La doctrina de la Iglesia prohíbe las prácticas abusivas que reduzcan los derechos fundamentales a una mera mercancía de consumo. En el ámbito del alquiler de viviendas o de habitaciones, esto se traduce en: precios justos y la sugerencia de algunos Presidentes de conferencias episcopales y arzobispos, que han exhortado públicamente a los propietarios católicos a poner sus viviendas cerradas en alquiler por un nivel de renta menor al establecido por las reglas rígidas del mercado para aliviar la crisis habitacional.
Alquilar habitaciones dentro de la propia vivienda es una práctica moralmente legítima y bien vista, cuando responde a la economía familiar o al deseo de acogida. Desde la moral católica, se sugieren los siguientes criterios de actuación:
- Espíritu de hospitalidad y caridad: La convivencia compartida debe regirse por el respeto mutuo, reconociendo la dignidad de la persona que arrienda la habitación.
- Evitar el hacinamiento: Alquilar espacios sin las condiciones mínimas de habitabilidad o higiene por el simple hecho de maximizar la ganancia económica contradice la justicia social y el cuidado del prójimo.
- Legalidad y transparencia: Los contratos deben ser claros, justos y cumplir con las normativas civiles vigentes, evitando la economía informal abusiva o la desprotección absoluta del inquilino.
En esta situación donde se contraponen intereses diferentes, donde la confrontación puede desembocar en comportamientos violentos que a nadie nos gustaría que tuvieran lugar, vuelven a mí unas palabras del papa Francisco, el cual en la encíclica sobre la fraternidad humana («Fratelli tutti, nº 17») escribió que, “cuidar el mundo que nos rodea y contiene, es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido”.
Quizás, deberiamos de pensar –solamente durante un instante- qué futuro, qué vida, qué oportunidades vamos a dejar, a quienes van a habitar este mundo, donde probablemente, muchas personas –jóvenes y adultas- no van a tener un hogar –siquiera una habitación- donde comenzar a desarrollar un proyecto personal y familiar de vida.
