En 2018 defendí mi tesis con el título «El movimiento ciudadano en torno a la vivienda en España (2003-2015) a la luz de la doctrina social de la Iglesia» y, a la vista de lo que ha sucedido la semana pasada con M.ª Carmen en Madrid, quisiera recordar que la Iglesia ya en 1963 reconoció que la vivienda es uno de los derechos necesarios para conseguir llevar una vida digna (Pacem in terris, 11). Por ello, la encíclica avisaba a los gobernantes que su misión principal es reconocer, respetar, tutelar y promover los derechos de la persona, en este caso, el de la vivienda, así como armonizarlos y regularlos adecuadamente (PT 60 y 62), y pedía que pusieran «todo su empeño» para que a ningún ciudadano le faltara lo necesario para llevar «un tenor de vida digno» (PT 64).
Unos años después, en 1987, la Iglesia denunció que «la realidad de la carencia de vivienda es un escándalo» y una prueba más de la injusta distribución de unos bienes destinados originariamente a todos (¿Qué has hecho de tu hermano sin techo? La Iglesia ante la carencia de vivienda, Pontificia Comisión «Iustitia et Pax»). De este modo, recordaba uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. Y el mismo documento constataba una situación paradójica: había personas sin casa y, al mismo tiempo, casas sin personas dentro, una realidad que recuerda el conocido lema de la PAH: «Ni gente sin casas, ni casas sin gente».
Asimismo, hay que reconocer que existen empresas dedicadas a la vivienda que, al igual de como actuó hasta la pasada semana la implicada en el desahucio de M.ª Carmen, parecen haber renunciado a ejercer su responsabilidad social (Caritas in veritate, 40) y a integrar la ética en su actividad económica (CV 36), pese a que esta «en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos» (CV 37). El objetivo que les mueve es «fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios» (Evangelii gaudium, 56; cf. también CV 40).
Esa actitud ha contribuido a generar auténticas «estructuras de pecado» (Sollicitudo rei socialis, 37) en torno a la vivienda: todo un sistema movido por el «afán de ganancia exclusiva» y la «sed de poder», que hace sufrir a quienes buscan acceder a una vivienda digna. Al mismo tiempo, por su propia fuerza, ese sistema puede terminar influyendo para que la sociedad asuma como natural una forma de actuar profundamente injusta.
Precisamente este lunes, 28 de septiembre, León XIV abordó el caso de M.ª Carmen durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje apostólico a Francia. Aunque reconoció que no conocía los detalles concretos del caso, afirmó que había que buscar «soluciones más justas» y se preguntó: «¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa?». El Papa insistió además en que no bastaba con reaccionar ante las emergencias, sino que era necesario analizar las causas sistémicas del problema, y señaló que vecinos, comunidad, parroquia, diócesis y Estado debían implicarse en la búsqueda de respuestas. También reclamó a los líderes políticos y a las autoridades que buscaran soluciones, porque una parroquia, una diócesis o incluso la propia Iglesia no pueden resolver por sí solas un problema de semejante magnitud.
Al escuchar sus palabras, es bueno recordar que la Iglesia anima a apoyar a aquellas empresas que favorecen una vivienda asequible (Mensuram bonam, 42), así como a las entidades que defiendan el derecho a la vivienda y asociarse a ellas (¿Qué has hecho de tu hermano sin techo?).
Por todo ello, sería deseable que la Iglesia, del mismo modo que promovió hace unos años una coalición mundial por el trabajo decente, impulsase ahora una iniciativa semejante dedicada específicamente a la defensa de una vivienda digna.
Finalmente, quiero expresar mi apoyo a los militantes de la JOC que el pasado fin de semana participaron en el acto central de la campaña estatal de nuestro movimiento «Defender nuestro derecho, todas bajo un techo», en Elche
