CONFER, Cáritas, REDES y la Conferencia Episcopal piden medios suficientes para garantizar un proceso accesible y eficaz
La aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes en España ha sido recibida por diversas entidades de la Iglesia como «una medida de responsabilidad política, ética y social». Así lo han expresado en un comunicado conjunto la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Las organizaciones subrayan que esta decisión puede suponer una respuesta real para miles de personas que viven desde hace años en situación administrativa irregular, sin lograr acceder a los cauces ordinarios de regularización. No obstante, advierten de la complejidad técnica y logística del proceso, que deberá desarrollarse en un plazo limitado, y reclaman que la Administración se dote de medios adecuados para garantizar su eficacia.
En este sentido, insisten en la necesidad de ofrecer «información de calidad» y habilitar mecanismos de registro presencial de expedientes para todas las personas potencialmente beneficiarias, evitando que nadie quede excluido por barreras burocráticas o digitales.
Una cuestión de justicia y coherencia evangélica
Más allá del plano administrativo, las entidades eclesiales sitúan esta medida en el marco de una exigencia más profunda. «La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión», señalan, recordando que no se trata únicamente de una opción pastoral, sino también de una cuestión de derechos humanos y de coherencia con el Evangelio.
El comunicado también interpreta esta regularización como un respaldo al amplio movimiento de la sociedad civil que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 600.000 firmas y el apoyo de más de 900 organizaciones. Un proceso en el que estas entidades han participado activamente desde 2023, trasladando a responsables políticos y sociales la realidad que constatan en su trabajo diario.
Irregularidad y exclusión: una relación directa
Las cifras que acompañan este posicionamiento aportan contexto a la urgencia del problema. Según el IX Informe FOESSA, cerca de nueve millones de personas migrantes viven en España, y entre quienes se encuentran en situación administrativa irregular, el 68% sufre exclusión social.
Por su parte, datos recientes de Cáritas indican que el 47% de las personas atendidas en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale a unas 550.000 personas, una cifra en crecimiento desde 2019.
Esta situación, advierten, no solo limita el acceso a derechos básicos como la sanidad, la vivienda o la educación, sino que genera un círculo de invisibilidad, precariedad y desprotección que repercute en el conjunto de la convivencia social.
De la invisibilidad a la participación plena
Las entidades destacan el impacto transformador que puede tener la regularización. Contar con autorización de residencia y trabajo permite acceder a empleo formal, estabilidad económica y condiciones de vida dignas. También facilita trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato— sin temor, y reduce la exposición a situaciones de explotación o abuso.
Además, subrayan que esta medida no solo beneficia a las personas directamente afectadas, sino que tiene un efecto positivo en el conjunto de la sociedad: permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando así el Estado del bienestar.
En definitiva, concluyen, la regularización extraordinaria supone «pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social», un paso que consideran necesario para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
