La Iglesia en España y el Gobierno han dado este jueves un nuevo paso en el camino —largo y complejo— de atención y reparación a las víctimas de abusos sexuales. El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han firmado un acuerdo que abre una vía específica para el reconocimiento y la reparación de víctimas cuyos casos no tuvieron —o ya no pueden tener— recorrido judicial, mediante la mediación de la Defensor del Pueblo.
El acuerdo, suscrito por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Luis Argüello, presidente de la CEE; y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER, establece un sistema extraordinario y temporal —con una duración inicial de un año, prorrogable otro más— dirigido a personas víctimas de abusos sexuales cuyos delitos han prescrito o cuyo victimario ha fallecido.
Una vía complementaria, no sustitutiva
El nuevo cauce no sustituye a los mecanismos ya existentes en la Iglesia, sino que los complementa. Las personas que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA —el órgano creado por la Iglesia para la reparación integral— podrán presentar su caso ante la Oficina del Defensor del Pueblo, que asumirá la evaluación técnica y propondrá un itinerario de reparación. Esa propuesta será estudiada por la Comisión PRIVA y, en caso de discrepancia, una comisión mixta resolverá la valoración, con decisión final del Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el ámbito del caso.
El sistema se apoya en cuatro pilares: el criterio técnico del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión PRIVA, el consenso entre Iglesia y Estado y la participación de las propias víctimas. No se trata, subraya el texto, de una obligación jurídica impuesta, sino del compromiso moral de la Iglesia y del acuerdo entre las partes.
Reparación integral y exención fiscal
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el compromiso del Gobierno de abordar la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida social, no únicamente en el eclesial, una reclamación reiterada por la Iglesia. Además, se ha aceptado que las reparaciones económicas queden exentas de tributación, en particular del Impuesto sobre la Renta, una medida que busca evitar una segunda carga para las víctimas.
Un proceso ya en marcha
Tras la firma, los presidentes de la CEE y de la CONFER ofrecieron una valoración conjunta del acuerdo. Mons. Argüello lo calificó como «un nuevo paso» dentro de un proceso iniciado hace años por la Iglesia en España. Recordó la creación de unas 70 oficinas diocesanas de atención a las víctimas —a las que se suman las de las congregaciones religiosas—, que han permitido no solo recibir denuncias, sino también avanzar en formación, acompañamiento y prevención.
En este mismo marco se sitúa la creación, en septiembre de 2024, de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), centrada en casos sin recorrido judicial. Según los datos aportados, en este tiempo se ha atendido a más de un centenar de víctimas y se han destinado cerca de dos millones de euros a reparaciones.
Argüello subrayó que el acuerdo refuerza ese camino al incorporar a víctimas de otros ámbitos —como la educación o el deporte—, garantizar la exención fiscal de las indemnizaciones y respaldar el trabajo de la Comisión PRIVA, que seguirá siendo el órgano ordinario de decisión. «No es una vía paralela, sino una puerta de acceso más», precisó, recordando además el reconocimiento explícito del Vaticano al trabajo realizado por la Iglesia en España en materia de protección de menores.
“Que resplandezcan la verdad y la justicia”
El presidente de la CEE no ocultó el dolor que supone para la Iglesia reconocer estas situaciones, pero insistió en el objetivo último: que «resplandezcan la verdad y la justicia» para las víctimas cuyos casos no pueden dirimirse por la vía judicial.
Por su parte, Jesús Díaz Sariego destacó que la Iglesia es, en la práctica, la única institución en España que asume la reparación de delitos ya prescritos. «Hemos asumido esta responsabilidad», afirmó, subrayando tanto el funcionamiento del sistema como el trabajo preventivo y formativo desarrollado en colegios y otros ámbitos, en coordinación con la Conferencia Episcopal.
El acuerdo firmado este 8 de enero no cierra un proceso ni agota las respuestas pendientes, pero sí marca un hito significativo: el reconocimiento explícito de una responsabilidad moral compartida y la apertura de un cauce institucional para que ninguna víctima quede fuera del horizonte de verdad, justicia y reparación.
