Una vez más, la ministra de Educación, Isabel Celaá, nos ha sorprendido con la siguiente afirmación: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Mons. Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, respondió así, en su cuenta de Twitter, a la titular de Educación: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que, respetados y armonizados, hacen posible el bien común, personal y social”.

Ningún hijo es propiedad de los padres; se pertenece a sí mismo y, en última instancia, a Dios. Por tanto, no tenemos ningún derecho a hacerlos a “nuestra imagen y semejanza”. Nuestra tarea consiste en “desaparecer” en beneficio del ser querido, poniéndonos plenamente a su servicio para que pueda alcanzar la plenitud que a cada uno le corresponde: ¡la suya!, única e irrepetible.

Los hijos no son propiedad de nadie, ni de la familia ni de la escuela ni del Estado. Pero todos, especialmente en casa, estamos llamados a ayudar a los niños y adolescentes a crecer en su vida como buenos ciudadanos y como hombres de bien. Esa es la misión que reciben los padres cuando inicia el embarazo de cada niño. Quienes hemos tenido la dicha de tener unos padres que nos han ayudado a respetar a los demás, a amar a Dios y a vivir de un modo honesto y justo, nunca seremos capaces de darles las gracias como se merecen. Quienes no han tenido esta dicha… pueden, al menos, preguntar cómo se puede enseñar a los hijos a ser, de verdad, buenos, no solo en la formación científica, sino en los principios éticos más elevados.

También ha de quedar bien claro —hay que repetirlo hasta la saciedad— que los hijos son de los padres, que los hijos no son del Estado. Donde son del Estado, no existe libertad ni democracia, sino tiránico y refinado totalitarismo.

Tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se queda corta, y defiende “que los hijos de progenitores homófobos o machistas tienen el mismo derecho que otros niños a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que nos permiten tener una vida digna”. Una declaración contradictoria, insultante y a la vez reveladora. Montero descalifica a priori a los padres que quieren ejercer un derecho constitucional amparado por el artículo 27.3 de nuestra Carta Magna, y a la vez tiene el cinismo de decir que quiere promover “los derechos humanos”, cuando está atacando uno de ellos, el amparado por el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Montero dice que quiere promover el feminismo, pero no habla de una mera defensa de la igualdad. El feminismo de Montero es un disfraz para la demagogia de ultraizquierda.

Ni pin ni imposición del Estado. Tanto el Gobierno como la ministra Celáa ignoran las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11 de febrero de 2009.

Lo cierto es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, porque son los únicos titulares del derecho a la educación de los hijos menores de edad. Solo pueden ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia por incumplimiento de sus deberes como padres o dictada en causa criminal o matrimonial. Los padres (o los tutores) son los únicos titulares de la patria potestad y a ella están sometidos los hijos menores no emancipados. Y esa es la cuestión y eso es lo que hay que defender.