En el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su n. 189, se nos recuerda que nuestra participación en la comunidad civil es un «deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común».

Para los católicos, la virtud pública es tan importante como la privada en la reconstrucción del bien común. En la tradición católica, la ciudadanía responsable es una virtud; la participación en el proceso político es una obligación moral. Todo creyente está llamado a formar parte de una ciudadanía responsable, a ser un participante informado, activo y serio en el proceso político. Todos los votos cuentan. Todos los actos de ciudadanía responsable son un ejercicio de gran valor individual.

Votar no es solo un derecho sino también una obligación moral, libre y responsable, además de un acto político que tiene repercusiones sociales.

El voto para las elecciones de los futuros gobernantes tiene unas consecuencias en la vida social y en numerosos ámbitos (político, económico, legal, etc.). Por lo tanto, el voto tiene un carácter moral por su vínculo con el desarrollo social desde una visión integral del hombre.

Un voto libre es aquel que, buscando la verdad y el bien posible, no se deja presionar por la dádiva, la amenaza o la conveniencia de grupo.

Un voto responsable es el que se ejerce el día de la elección y se cuida a través de la vigilancia ciudadana constante del ejercicio del poder.

Como ciudadanos y como católicos tenemos el derecho de votar en libertad y la obligación de hacerlo en conciencia.

El voto católico debe ser decidido en libertad, con responsabilidad y en conciencia. No basta, sin embargo, votar libremente, sino desde la conciencia rectamente formada: «La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral», Nota doctrinal, n. 4, de la CDF.

El voto responsable del católico debe alimentarse, además de conocer la Palabra de Dios y la Enseñanza de la Iglesia, de una buena y objetiva información de los temas, de los candidatos y de sus propuestas. Y por encima de todo, el voto de todo católico, llamado a participar activa y responsablemente en política, debe estar basado en principios.

Para los católicos, votar en conciencia significa votar conforme a los dictados de su fe religiosa. Y, por supuesto, el voto en conciencia obliga a considerar si tal o cual opción defiende o no valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en

todas sus formas: cuatro valores no negociables en la vida social que el Papa Benedicto XVI señala en el n. 83 de su exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis.

San Juan Pablo II en su carta encíclica Evangelium vitae, en los nn. 72 y 73, afirma: «Por tanto, las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no solo al bien del individuo, sino también al bien común y, por consiguiente, están privadas totalmente de auténtica validez jurídica» (n. 72). «En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto» (n. 73).

En la Nota doctrinal arriba citada, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, de La Congregación para la Doctrina de la Fe, en su n. 4, se afirma: «Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni estas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre obra de la justicia y efecto de la caridad; exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política».

El voto católico será, por lo tanto, verdaderamente católico si sabe respetar esos siete puntos básicos para la vida social, que valen no solo para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres que forman parte de un Estado. Son puntos, según dice la Nota doctrinal antes citada (n. 4), que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno. Es decir, son puntos no negociables.

Votar en conciencia es contribuir a la construcción del bien común.

Hay que notar que la abstención o dar el voto a un determinado partido político pueden favorecer el que otro partido político, distanciado el que más o entre los que más, por su programa y sus hechos, de lo que expresa la doctrina social de la Iglesia, pueda gobernar este país. Ello hace aconsejable optar por la mejor opción posible con probabilidades de gobierno.

Es lamentable que todavía haya muchos cuyo criterio para votar es ver quién regala más cosas, quién habla mejor, quién promete opciones que parecen muy atractivas, aunque sean difíciles o casi imposibles de cumplir. Eso es una degradación de la democracia. Los debates ayudan a conocer mejor a los candidatos, su forma de pensar, sus propuestas, sus capacidades, su desarrollo en la palestra pública. Sin embargo, lo más importante es conocer su vida, sus valores, sus criterios, su experiencia, su preparación, su familia, su historia, la coherencia de su vida, su honestidad, su creencia y su práctica religiosa.

La prudencia capacita para tomar decisiones coherentes, con realismo y sentido de responsabilidad respecto a las consecuencias de las propias acciones.

Como indicaba lúcidamente Julián Marías (escritor, ensayista y filósofo) ante las primeras

elecciones democráticas: «Yo pediría a los electores una sola cosa: que usen la imaginación. Que se molesten durante un par de horas —tal vez baste con unos minutos— en imaginar qué puede pasar con su voto. Que anticipen primero, si su opción puede ganar las elecciones, si el grupo inicialmente escogido por ellos puede gobernar. Si es así, que se representen su gestión durante un año o dos, e imaginen cómo estaría España al cabo de ese tiempo; si esa anticipación les parece atrayente, deben confirmar su primitiva intención de voto; si les produce temor, desconfianza, antipatía o repulsión, más vale que sigan pensando».

Y que nuestro criterio definitivo sea apoyar a quien consideremos la mejor opción, no solo para nosotros, sino para el bien integral del país.

Como católicos y ciudadanos responsables tenemos la obligación moral de participar y hacer posible que otros participen.