Quienes han hecho nacer la vida tienen el deber de ayudar a desarrollar la vida según su propia naturaleza. Los padres han dado la vida a sus hijos y son ellos quienes asumen el deber de ayudar a crecer.

De forma solemne se lee en la Declaración sobre la educación cristiana de la

juventud del Concilio Vaticano II: «Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y obligados educadores. Esta responsabilidad es de tanto peso que, si falta, difícilmente puede suplirse» (Gravissimum educationis momentum, 3). Y el Concilio remite a dos grandes documentos donde, de forma clara y rotunda y en circunstancias adversas, la Iglesia ha defendido la libertad de enseñanza: las encíclicas Divini Illius Magistri (Pío XI, 1929) y Mit brennender sorge (Pío XII, 1937).

Siempre será necesario insistir en las ideas centrales de la libertad de enseñanza, para evitar los atentados que contra ella se cometen con demasiada frecuencia.

La familia tiene prioridad de naturaleza y, por tanto, prioridad de derechos respecto a la sociedad civil. Los padres han recibido directamente del Creador la fecundidad, principio de vida, y, por tanto, principio de educación para la vida. Y los padres, junto con la fecundidad reciben también la autoridad, que es principio de orden.

Recordará Juan Pablo II en la exh. ap. Familiaris consortio, 4 y 36, que «el derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros». Pero, insiste, el Pontífice, «por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida». Este amor de los padres se transforma de fuente en alma y, por consiguiente, en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta, siendo enriquecida con los valores de la dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor de los padres a sus hijos.

Este derecho-deber de ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos tiene una serie de consecuencias y de exigencias. De forma muy clara han quedado expresadas en el artículo 5º de la Carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede el 24 de noviembre de 1983 y que reproducimos, ya que sintetiza ideas repetidas por el Magisterio de la Iglesia en multitud de ocasiones:

a) Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.

b) Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad.

c) Los padres tienen el derecho de lograr que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que no estén de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. En particular, la educación sexual —que es un derecho básico de los padres— debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos por ellos.

d) Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un sistema obligatorio de educación del que se excluye toda formación religiosa.

e) El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente en las formas de participación encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas, y en la formulación y aplicación de la política educativa.

f) La familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad y que fortalezcan los valores fundamentales de la familia. Al mismo tiempo esta tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular respecto a sus miembros más jóvenes, contra los efectos negativos y los abusos de los medios de comunicación social.

La Iglesia «no se cansará nunca de mantener estos principios que tienen una cristalina lógica y claridad, pero que, en caso de ser negados o desatendidos, pueden empobrecer la convivencia civil y social, basada en el respeto de las libertades fundamentales de los

miembros que la componen, y de los cuales la familia constituye el primer núcleo» (Juan Pablo II, 1984).

Este derecho-deber de los padres a la educación de sus hijos abarca todos los aspectos de la educación: los aspectos humanos, pero especialmente la educación cristiana. De ahí

que todo lo dicho hasta el momento se pueda sintetizar en este párrafo del canon 226 del Código de Derecho Canónico: «Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarlos; por tanto, corresponde a los padres cristianos en primer lugar procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia» (CIC, c. 226. § 2).

El derecho a la libertad de enseñanza es reconocido con frecuencia en los tratados internacionales. Por recordar solo los principales señalamos: art. 13 § 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y firmado por España el 28 de septiembre de 1976; de la misma fecha es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el art. 18 § 4 declara la libertad de enseñanza en materia religiosa; artículo 26 § 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948 de la ONU, y con especial referencia a la libertad religiosa en materia de enseñanza en el art. 2º del Protocolo Adicional, 1º de 20 de marzo de 1950 a la Convención europea para la salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Finalmente, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, UNESCO, 14 de diciembre de 1970.

La doctrina de la Iglesia en este tema se puede sintetizar en las palabras

que pronunció Juan Pablo II en su primer viaje apostólico a España, en la plaza de Lima en Madrid, el 2 de noviembre de 1982: «No hay lugar a dudas de que, en el ámbito de la educación, a la autoridad pública le competen derechos y deberes, en cuanto que debe servir al bien común. Ella, sin embargo, no puede sustituir a los padres, ya que su cometido es el de ayudarles, para que puedan cumplir su deber-derecho de educar a los propios hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. La autoridad pública tiene en este campo un papel subsidiario y no abdica sus deberes cuando se considera al servicio de los padres, al contrario, esta es precisamente su grandeza: defender y promover el libre ejercicio de los derechos educativos».

El Estado, por razones del bien común de toda la sociedad, tiene funciones de coordinación, de planificación, de control. Pero «el mismo bien común reclama que tales funciones no se ejerzan contra los derechos de las personas y de los grupos sociales intermedios. El principio de la función subsidiaria exige que en el interior del organismo social el Estado reconozca a las personas y a los grupos tanta libertad como sea posible […]. Es competencia del Estado promover o estimular la iniciativa de los grupos e instituciones sociales, apoyarlos, pero respetando siempre el carácter

peculiar y la capacidad de autodeterminación de cada uno» (Mons. Elías Yanes, 1987).

Y continúa Elías Yanes señalando cómo, en este contexto, se comprende mejor el sentido de la libertad de enseñanza entendida como: a) libertad para crear centros docentes; b) libertad para elegir centros docentes; c) derecho de cada centro para establecer el ideario o carácter propio; d) derecho de cada centro a la financiación con fondos públicos de modo que la elección entre centro público y centro de iniciativa privada o social no esté condicionada por factores económicos.

Ya el Concilio Vaticano II recordaba que «es necesario que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de verdadera libertad de elección de las escuelas. El poder público, a quien corresponde amparar y defender las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con verdadera libertad, según su propia conciencia, la escuela para sus hijos» (Gravissimum educationis momentum, 6).

Es importante señalar cómo la llamada escuela privada tiene una función pública, en cuanto que está abierta a todos aquellos que la quieren elegir y ofrece a sus alumnos los mismos servicios que las escuelas estatales. Tienen derecho esas escuelas a la financiación; así lo recordaba la Instrucción de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre Libertad cristiana y liberación: «La tarea educativa pertenece fundamental y prioritariamente a la familia. La función del Estado es subsidiaria; su papel es el de garantizar, proteger y promover y suplir. Cuando el Estado reivindica el monopolio escolar, va más allá de sus derechos y conculca la justicia. Compete a los padres el derecho de elegir la escuela a la cual enviar a sus propios hijos, así como crear y sostener centros educativos de acuerdo con sus propias convicciones. El Estado no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas. Estas prestan un servicio público y tienen, por consiguiente, el derecho a ser ayudadas económicamente» (n. 94).

Al hablar de estos temas parece como si la Iglesia minusvalorara la función de los poderes públicos en la educación, pero no es así. Precisamente en el Concilio Vaticano II se afirmaba que «el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la conveniente participación en la cultura y que se preparen debidamente para el cumplimiento de sus obligaciones y deberes civiles. Por consiguiente, el mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos, y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de la obligación subsidiaria y excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos naturales de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades» (Gravissimum educationis momentum, 6. Concilio Vaticano II).