Algunas leyes son «inicuas», no pueden ser obedecidas. Son leyes injustas, contrarias a la equidad.

Las leyes inicuas se apartan de la recta razón y se convierten en leyes injustas, y así no tienen carácter de ley, sino más bien de violencia.

Juan XXIII

Y al decir del Papa Juan XXIII, esas leyes son como si no existieran y, por lo tanto, no pueden ser obedecidas.

Juan XXIII en su encíclica Pacem in terrris, de 1963, decía: «El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres; más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa».

Además, el Papa Juan XXIII cita inmediatamente un texto de santo Tomás de Aquino y concluye diciendo: «En cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia».

Las leyes inicuas son aquellas que van contra el orden natural, obra del Creador y, en definitiva, contra la voluntad de Dios.

Benedicto XVI

Estamos pensando en una declaración del Papa Benedicto XVI, una exhortación a los políticos y legisladores católicos en que les recordaba que hay «valores no negociables» y comentó que entre esos «valores no negociables» están: «La defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entendido como unión estable de un varón y una mujer, la libertad de los padres respecto de la educación de sus hijos y la promoción del bien común en todas sus formas».

Algunos piensan que algo es bueno simplemente porque lo permite una ley. En realidad, muchas veces no es así, pues lo legal y lo ético se mueven en ámbitos diferentes. Además, existen leyes realmente mal hechas, impuestas de un modo arbitrario y fuera de contexto.

En conclusión, una ley adquiere fuerza en la vida de un estado si respeta las

formalidades o requisitos establecidos por la Constitución, y si encaja bien en el conjunto legislativo vigente.

Existen, además, una serie de requisitos éticos, con los cuales podemos emitir un juicio sobre los contenidos de la ley.

Podemos decir que la ética es una disciplina filosófica que nos permite valorar la bondad o maldad de los actos humanos. La ética nos pone ante deberes profundos, ante exigencias de la conciencia, según las cuales descubrimos que hay acciones que no debemos ejecutar, y hay otras acciones que son obligatorias.

Obviamente, entre estos dos tipos de acciones (buenas y malas) existe una serie de acciones indiferentes, que pueden ser llevadas a cabo según la libre elección de cada uno, y que también podemos considerar como buenas en sentido amplio.

Parte de la ética es el estudio de la justicia. Sobre la justicia nos dice el

Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1807): «Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común».

Pongamos ahora en relación el contenido de las leyes y la ética. Nos damos cuenta de que en el pasado y en el presente ha habido y hay leyes que declaraban (que declaran) como legales acciones que son inmorales e injustas.

Un ejemplo clásico son las leyes a favor de la esclavitud en algunos estados de Europa, África, Asia y América. O las leyes contra los judíos, los gitanos y otros grupos humanos que fueron aprobadas por la Alemania dominada por los nazis. O, más cercanas a nosotros en el tiempo, las leyes que permiten el aborto, la eutanasia, la mutilación de algunos tipos de delincuentes, la lapidación de mujeres, el «matrimonio» entre homosexuales, etc.

En otras palabras: el que una ley permita algo no significa automáticamente que lo permitido (o lo mandado, en algunos casos) por la ley sea éticamente correcto. Grandes pensadores del pasado, al reflexionar sobre esto, reconocieron que, por encima de la ley positiva, formalmente correcta, existe una norma ética que permite juzgar la justicia de la ley.

Cuando una ley permite o manda algo éticamente incorrecto y contrario a la justicia, se convierte entonces en una no ley. Ante tal ley, por lo tanto, cada ciudadano puede sentirse libre, o incluso obligado, a no obedecerla. Cuando la gravedad del asunto lo requiera, está llamado a desobedecer, aunque esto pueda implicar consecuencias graves para la vida o los bienes del ciudadano rebelde. Los peligros son mucho mayores en los estados totalitarios, aunque tampoco faltan en aquellas democracias que, a base de mayorías parlamentarias, imponen a la sociedad leyes injustas.

Santo Tomás de Aquino

Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) era especialmente claro sobre esto: «La ley humana es tal en cuanto está conforme con la recta razón y, por tanto, deriva de la ley eterna. En cambio, cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua; sin embargo, en este caso deja de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia» (Suma teológica I-II, 93, 3, a la 2ª objeción). San Agustín decía que una ley que va contra la ley natural (contra la ética) no es realmente una ley, sino una corrupción de la ley (cf. De libero arbitrio I,5,11).

Estas ideas han sido recogidas por las enseñanzas de los últimos Papas. Juan XXIII, por ejemplo, afirmaba: «El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano […] más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa» (Pacem in Terris, n. 51). Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium vitae, nn. 68-74, recogía ampliamente estas ideas.

En conclusión, cuando una ley formalmente perfecta encierra un contenido contrario a la ética, se convierte entonces en una no-ley: nadie está obligado a respetarla. Porque encima de las leyes positivas existe una ley superior, una «ley natural». Lo recordó el Papa Benedicto XVI en un discurso del 12 de febrero de 2007:

«La ley natural es la fuente de donde brotan, juntamente con los derechos fundamentales, también imperativos éticos que es preciso cumplir. En una actual ética y filosofía del derecho están muy difundidos los postulados del positivismo jurídico. Como consecuencia, la legislación a veces se convierte solo en un compromiso entre intereses diversos: se trata de transformar en derechos intereses privados o deseos que chocan con los deberes derivados de la responsabilidad social. En esta situación, conviene recordar que todo ordenamiento jurídico, tanto a nivel interno como a nivel internacional, encuentra su legitimidad, en último término, en su arraigo en la ley natural, en el mensaje ético inscrito en el mismo ser humano».

Conviene añadir una última reflexión. Hay no pocos deberes éticos que no están recogidos en las leyes y no por eso dejan de ser obligatorios. Pensemos, por ejemplo, en un estado que no haya establecido ninguna normativa para los casos en los que alguien deje abandonado a un niño recién nacido en la calle. Desde el punto de vista legal, uno que pasa y ve llorar al niño no estaría obligado por alguna ley estatal a recogerlo y salvarlo de la muerte. Su indiferencia no le llevaría a la cárcel. Pero percibimos en seguida que la ética interpela a esa y a cualquier persona que pase ante ese niño y le haría sentir la obligación de prestar toda la ayuda posible para salvar su vida.

Todos estamos llamados a colaborar en la construcción de un mundo más justo. Justo precisamente porque se basará en una ética que está por encima de las leyes positivas. Una ética que seguirá siempre en pie mientras exista en el corazón del ser humano sentido de justicia y amor al bien, respeto a cada ser humano, sea cual sea su edad, tamaño, raza, apariencia, salud, religión, estado socioeconómico. Una ética que nos pide, siempre, por encima de cualquier ley inicua, que hagamos el bien y que testimoniemos la belleza de la ética incluso cuando llegue la hora de la persecución y de la prueba. Antígona y Sócrates dejan huella, hacen al mundo más hermoso y más feliz, y, al final, obligan a los estados a mejorar sus leyes para adecuarlas a la justicia.

Nunca una ley injusta puede convertir en derecho lo que es un delito, recordaba con firmeza el Papa Juan Pablo II.

La situación no ha mejorado en las así llamadas «democracias». En muchos países «democráticos» existen leyes que permiten, por ejemplo, el aborto. Con el apoyo de esas leyes médicos, funcionarios públicos y personas particulares llegan a pensar que el aborto estaría bien «porque lo permite la ley».

Cuando la injusticia se convierte en ley, empezamos a vivir en un mundo desquiciado. Al revés, cuando el pueblo y sus gobernantes deciden eliminar leyes inicuas y buscan maneras concretas para tutelar los derechos humanos de todos, empezamos a construir un mundo un poco mejor.

En ese mundo no habrá esclavos ni dueños asesinos, no habrá mujeres ni médicos que provoquen la muerte de los hijos antes de nacer. Porque las leyes establecerán con firmeza que eliminar la vida de un ser humano inocente es un delito muy grave, y porque esas mismas leyes buscarán que sea garantizado un derecho básico en la vida social: el derecho a la vida.

En ese trabajo cultural la ley tiene su papel, un papel casi imprescindible. No es indiferente, para una sociedad, enseñar a la gente, en la escuela, en la familia, en las parroquias, que, por ejemplo, el aborto está mal, mientras que la ley lo permite como si fuese algo tan trivial como el abrir una cuenta bancaria.

No hemos de suponer, a veces ingenuamente, que el nivel cultural de la gente aumenta con la mayor escolarización y la abundancia de fuentes informativas. El nivel cultural recibe un influjo enorme de las leyes y de su aplicación, de forma que ciertas prohibiciones son una ayuda importantísima para orientar la conciencia de los pueblos y de las personas.

No podemos olvidar que la ley es una de las principales fuentes de educación o de deseducación de los pueblos.

La obediencia a la autoridad es voluntad de Dios, por lo que deben ser obedecidos los poderes constituidos, a no ser que manden algo contra la ley de Dios y de la Iglesia, porque si la ley repugna al orden natural o divino no es lícito obedecer.

Una ley decididamente injusta no merece respeto ni acatamiento. Esta resistencia pasiva a la ley no es ofensa al legislador, ni pecado de desobediencia. La ley es orden y factor de orden, y la injusticia es esencialmente desorden.

No es desobediencia no acatar la ley injusta, sino obediencia a un orden y a una ley superior.

Se mira a la Iglesia como si fuese retrógrada, sin entender que la Iglesia no inventa nada, sino que es fiel a lo que ha dicho el Señor.

¡Que la Iglesia no discrimina! La Iglesia no acepta que, por ejemplo, los homosexuales sean objeto de burlas, insultos o expresiones inhumanas. Son personas que merecen todo el amor, acompañamiento y ayuda. Un creyente sabe que no es un problema de la Iglesia o del Papa, sino de oír lo que ha dicho el Señor. Ninguno de nosotros inventó nuevas teorías: no estamos aquí en sustitución de Jesús, sino al servicio de la verdad y de la ley natural.

No se pueden imponer cosas injustas a los pueblos, justamente, porque son inicuas.

«No es una opción facultativa: todos los cristianos, como dice la Evangelium vitae, deben estar dispuestos a pagar el precio más alto, quizás hasta perder su trabajo».

Desde luego, ante una ley inicua, un juez, un alcalde o cualquier ser humano está llamado a la desobediencia.