No puede haber libertad sin verdad, así como no puede haber una democracia verdadera sin libertad auténtica. Son abundantes y claros los signos que indican que se está imponiendo un mundo en el que ya no hay nada verdadero, ni bueno, ni valioso, ni justo en sí y por sí mismo. «Si no existe una verdad última —que guíe y oriente la acción política—, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia» (carta encíclica Veritatis splendor, n. 101).

Baste, como botón de muestra, la afirmación categórica y no menos sorprendente que tiempo atrás pudimos leer algunos : «A la democracia va ligado, le es inherente y consustancial, el relativismo».

Hemos entrado en una mentalidad relativista y escéptica, subjetivista, paso ineludible para cualquier totalitarismo.

La negación de la verdad y del bien no solo es el motor que impulsa el proceso implacable de laicismo radical o de expulsión de la religión del ámbito público, en que nos hallamos envueltos, sino también la base en la que se pretende, vanamente, asentar la sociedad democrática, plural, respetuosa, tolerante y libre.

Benedicto XVI ilustra en san Pablo la «auténtica libertad cristiana»

La visión contractualista de la sociedad se vuelve absoluta. Porque el Estado no tiene límites. No hay Dios, no hay ley natural, no hay ninguna verdad sobre el bien que esté por encima de la voluntad del Estado. Es un Estado absoluto. La misma libertad del individuo es ilimitada, omnímoda, según esta manera de ver las cosas. Cada hombre es libre para hacer lo que quiera. No hay ninguna ley superior que indique lo que se puede o no realizar. Sin embargo, para hacer posible la vida en la sociedad, es necesario un pacto, se realiza un pacto, a través del cual cedemos nuestros ilimitados derechos al Estado. Él velará para que estos ilimitados derechos se puedan cumplir asegurando al mismo tiempo solidaridad y seguridad. El Estado por tanto aparece sin límites morales, solo procedimentales. «Si no existe una verdad última —que guíe y oriente la acción política—, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder», como se ha dicho más arriba.

«Una democracia sin valores —repetimos— se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia». La conclusión es clara: una democracia sin principios, esto es, relativista, se convierte más tarde o incluso temprano en un Estado totalitario porque es ilimitado su poder moral, y bajo la apariencia de defensa de la libertad y de lo plural lo que hay es una imposición de un monismo naturalista. Si es que ninguna concepción del bien y de la verdad tiene cabida en el Derecho, entonces lo que hay es la imposición de unas leyes cuyo único principio es que no hay ningún principio trascendente. El pluralismo es aceptado supuestamente, pero con la excepción de aquellos que creen conocer la verdad. Estos no pueden ser aceptados porque son un peligro para la democracia. Por eso, todo ello encaja perfectamente dentro del laicismo esencial e ideológico que viene, expresado en leyes, en proyectos sociales y culturales. Dios no cuenta, Dios queda relegado a la esfera de lo privado, aún más, Dios no tiene que ver con el mundo, no es real, cuanto se refiere a Dios es ficticio. Todo está sujeto al hombre y a la decisión del hombre, a su libertad, y nada más. Así tampoco cuenta la verdad que nos precede y de la que no podemos disponer: no hay verdad, dejará de ser cierto que «la verdad nos hará libres», para pasar a la certeza de que «la libertad nos hace verdaderos». Deja de existir lo bueno y lo malo en sí mismo, porque ya no hay bueno ni malo por sí mismo, en toda circunstancia y lugar, siempre. Dependerá de las circunstancias, de los intereses, de los fines que se persigue de los resultados y consecuencias que acarrea. El fin justifica los medios. Pero eso, seamos claros, es un totalitarismo, una dictadura, la del relativismo. Estamos, pues, ante un gran cambio cultural, reflejo de un mundo sin Dios, que se vuelve contra el hombre y la recta razón del hombre, se diga lo que se quiera. En eso estamos y a eso vamos; pero podemos y debemos superarlo, al menos por el bien y el futuro del hombre. Estamos a tiempo.

Naturalmente, la independencia del Estado de cualquier influencia religiosa se debe entender en el contexto del derecho a la libertad religiosa. La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de

diciembre de 1948, en su artículo 2.1 establece que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de (…) religión». El artículo 18, además, indica que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». El artículo 30, que cierra la Declaración de Derechos Humanos, prohíbe que se interpreten estos derechos en el sentido de que se confiera derecho al Estado para realizar actividades o actos que tiendan a suprimir cualquiera de los derechos proclamados por la misma Declaración.

Los constitucionalistas contemporáneos suelen poner el límite del orden público en el ejercicio de la libertad religiosa, y así ha sido recogido en la mayoría de las Constituciones en vigor. El orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad de religión —y de otros derechos— se puede interpretar como la garantía del respeto a los derechos humanos por parte de los fieles de una confesión religiosa. El límite del orden público no viene recogido en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no parece razonable constituir el derecho a la libertad religiosa como absoluto, sin los límites siquiera de los demás derechos humanos. Fuera de los casos en que el ejercicio de la libertad religiosa atente al orden público, el Estado debe garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestar la propia creencia religiosa.

Por ambas fuentes —la eclesiástica y la civil— vemos que el papel del Estado en la libertad religiosa consiste en garantizar su ejercicio por parte de los ciudadanos. La

libertad religiosa puede tener los límites del orden público, pero nunca se pueden interpretar en el sentido de obligar a nadie a obrar en contra de su conciencia.

Ya se ve que el Estado debe garantizar, no reprimir ni menos aún obligar a recluir la religión al ámbito de lo privado. Cualquier prohibición —de hecho o de derecho— de las manifestaciones externas de la religión se debe considerar contraria a la letra de la Declaración de los Derechos Humanos. Como se ve, difícilmente se pueden justificar a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos una actitud del Estado en que se prohíba el uso de signos distintivos de una religión, como el crucifijo o el velo en las mujeres musulmanas. También se pueden considerar protegidas por el derecho a la libertad religiosa otras manifestaciones, como la difusión de la propia religión ante otras personas, la propaganda siempre que sea respetuosa, o las manifestaciones colectivas como las procesiones, peregrinaciones y similares. El Estado que garantice a sus ciudadanos el ejercicio de la religión en todas sus manifestaciones sigue siendo, por ello, plenamente independiente de la influencia religiosa.

En cuanto al laicismo, dado que se ha de considerar una doctrina más, sería ilegítimo por parte del Estado su promoción indiscriminada. Ante el laicismo, como ante las diversas confesiones religiosas, la actitud del Estado ha de ser la de respeto e independencia. No puede el Estado asumir la defensa del laicismo de la sociedad como fin objetivo, ni en nombre del laicismo se puede reprimir el ejercicio de la religión.

Se puede admitir que el Estado sea laico —en sentido extenso, como hemos visto, se quiere decir que ese Estado es independiente de las confesiones religiosas— pero dado que se puede entender como que en ese Estado no es posible proceder a la instrucción religiosa —lo cual corresponde con la acepción propia de laico—, se ve que el uso del adjetivo «laico» aplicado al Estado es cuanto menos equívoco. Parece preferible usar otra expresión.

Y desde luego, a la luz de las fuentes citadas, no parece legítimo usar el carácter de laico del Estado —es decir, la independencia del Estado— para prohibir las manifestaciones religiosas. La única excepción son las manifestaciones religiosas contrarias al orden público, pero el orden público no se puede interpretar en sentido de restringir la libertad de los ciudadanos de manifestar su propia religión.

Igualmente, quien defiende posturas laicistas, por el respeto que todos los ciudadanos debemos a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha de respetar las manifestaciones religiosas de los ciudadanos que sí profesen creencias religiosas. Sería contrario a la Declaración de Derechos Humanos prohibir tales manifestaciones, y demostraría ser un intolerante quien se extrañara de la creencia religiosa de otros. Peores actitudes demostraría quien insultara a un creyente por serlo, o ironizara sobre una doctrina religiosa. Entre estas actitudes tan innobles estaría quien se manifestara incomodo porque otra persona llevara un signo religioso o una vestidura religiosa, o acudiera a convocatorias de contenido religioso. Los ciudadanos con creencias religiosas tienen el derecho a que se les garantice el ejercicio de su creencia.

Por laicismo se entiende aquella ideología que quiere excluir o incluso combatir la presencia de lo religioso no solo en el Estado, sino en cualquier ámbito público o social. El laicismo interviene positivamente contra la dimensión social y pública, incluso contra las libertades individuales, que deberían ser garantizadas para todas las religiones, al impedir que los miembros de las mismas participen, desde los principios éticos propios, en la política o en otros ámbitos de la vida social.

El laicismo tiende a considerar la presencia pública de la religión como ejercicio de un poder intruso y se impone a los ciudadanos como religión civil.

El pluralismo, como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, se apoya en la existencia de una opinión pública libre. Nadie defiende o expresa algo porque sí, sino porque tiene una determinada visión del hombre y del mundo. Negar esa posibilidad a los que suscriben una concepción del hombre y del mundo trascendente es incurrir en una discriminación por razón de religión, vetada expresamente por la Constitución en su artículo 14.

 

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