Uno de los males de nuestros días, en el contexto cultural en el que vivimos, es el hecho de que la política (entendida como la acción de los partidos políticos) se está convirtiendo en el único principio rector de la configuración de la convivencia social: la política pretende decidir el bien y el mal; la política pretende redefinir la naturaleza humana y la propia familia; la política pretende determinar el principio y el fin de la vida humana; la política pretende ser la única responsable del sistema de enseñanza…


¿Acaso los padres no tienen derecho a elegir para sus hijos, en el espacio del sistema escolar, otro tipo de orientaciones y de enseñanzas, diversas o complementarias a las que emanan de los equilibrios electorales? El hecho de que vivamos en democracia, ¿supone acaso que las familias hayan entregado a los poderes públicos toda su responsabilidad directa en la educación de sus propios hijos?

Por ello, son muchos los padres que han ejercido y seguirán ejerciendo su derecho a pedir para sus hijos la asignatura de Religión Católica, impartida en el sistema de enseñanza. No olvidemos que la Escuela —desde el punto de vista moral— no es de los partidos políticos, ni de la Iglesia, ni siquiera del Estado; sino de cada una de las familias que educan a sus hijos en ella.

Consideramos que la clase de Religión impartida en el sistema escolar, es una buena oportunidad para obtener un conocimiento objetivo y afectivamente cercano, que le permitirá al alumno disponerse a una elección madura y en libertad.

Uno de los temas más llamativos y a la vez más sombríos en el modelo educativo actual es el de la cuestión religiosa.

Hay una notable evidencia que viene de lejos: se trata de la fáctica desaparición sistemática, a lo largo de los diferentes tramos del sistema educativo, de la educación humanística y de una formación ética, que de modo especial contempla la falta de reconocimiento real a la enseñanza de la asignatura de Religión, e incluso con el intento de hacerla desaparecer del sistema educativo.

Se ha difundido la falacia de que una escuela verdaderamente integradora, igualitaria e intercultural, una escuela para todos, es una escuela sin diferencias. Y una escuela sin diferencias es una escuela sin religión.

Bien sabemos que no nos pueden engañar con este cambio: educar al ciudadano por educación integral de la persona; no podemos aceptar que la tarea educativa de humanizar al hombre sea una mera socialización.

El artículo 27.3 de la Constitución española asevera: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

En el mundo en que estamos ya no se piensa en intolerancias o exclusivismos. Cabe solo un resto de intolerancia, la de quienes se oponen a que los chicos estudien Religión en nombre de la santa «laicidad». Más bien tontería progresista nos parece a nosotros.

Sin pretender polemizar, bueno será recordar que, dicho de otra manera, de lo que se trata es de un acto, de una decisión de justicia, de sentido común y de indudable contribución positiva al conjunto del sistema educativo. Porque lo que está en juego es el reconocimiento efectivo del derecho básico a educar a los hijos de acuerdo con las propias convicciones religiosas y morales, sin tratos de favor, pero tampoco sin marginaciones. Es así de sencillo. Y propugnar lo contrario, por mucho ruido que se haga y por muchas insidias que se difundan, es sencilla y llanamente situarse fuera y en contra de un derecho fundamental.